Revisan en Hidalgo decenas de casos de personas indígenas que podrían obtener su libertad anticipada
Autoridades de Hidalgo mantienen el análisis de entre 50 y 70 expedientes de personas indígenas privadas de la libertad que podrían acceder a un proceso de excarcelación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley y que sus casos no correspondan a delitos considerados graves.
El titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI), Prisco Manuel Gutiérrez, explicó que esta revisión se realiza de manera conjunta con el Instituto Federal de la Defensoría Pública y el Poder Judicial, ya que la determinación de una posible liberación depende de resoluciones judiciales y no únicamente de las autoridades gubernamentales.
Precisó que este trabajo comenzó hace aproximadamente un año y ha permitido identificar expedientes de personas originarias de distintas regiones de Hidalgo, principalmente de la Huasteca, la Otomí-Tepehua y Pachuca.
Entre los factores que se toman en cuenta para que un caso pueda ser considerado se encuentran haber cumplido más de la mitad de la condena impuesta, estar sentenciado por un delito no grave, presentar problemas de salud que comprometan la vida del interno, enfrentar dificultades para cubrir el pago de la reparación del daño cuando las cantidades son menores o que durante el proceso penal existan indicios de que no se respetó plenamente el debido proceso.
El funcionario aclaró que no todos los expedientes podrán avanzar, ya que la legislación impide este tipo de beneficios para quienes fueron condenados por delitos de alto impacto.
Añadió que algunos de los casos que reciben atención prioritaria corresponden a personas indígenas originarias de La Lima, Jaltocán y Tenango de Doria, quienes además de haber cumplido gran parte de sus sentencias presentan enfermedades de consideración que deterioran su estado de salud.
De acuerdo con la CEDSPI, más del 95 por ciento de los expedientes revisados corresponden a personas con sentencia firme y alrededor del 90 por ciento de los posibles beneficiarios son hombres. Asimismo, no se tiene registro de menores de edad dentro de esta revisión.
Aunque entre la población indígena privada de la libertad existen procesos por diversos delitos, incluidos algunos de mayor gravedad, el análisis de excarcelación se concentra únicamente en aquellos casos que legalmente pueden acceder a este beneficio.
Respecto al avance de los procedimientos, Prisco Manuel Gutiérrez señaló que cada expediente puede resolverse en un periodo que va de tres meses hasta un año, dependiendo de la complejidad del caso. Estimó que antes de que concluya 2026 podrían concretarse las primeras cinco liberaciones, mientras que una segunda etapa se desarrollaría durante 2027.
El titular de la comisión también informó que existen personas indígenas hidalguenses recluidas por delitos del fuero federal, incluso en penales como el de Almoloya, donde algunos procesos presentan posibles deficiencias relacionadas con la ausencia de intérpretes de lenguas originarias durante las diligencias judiciales.
Para atender esta necesidad, indicó que la CEDSPI cuenta con 235 intérpretes asignados para brindar apoyo en ministerios públicos y juzgados, además de cerca de 200 intérpretes y traductores certificados por instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), quienes contribuyen a garantizar el acceso a la justicia de las personas hablantes de lenguas indígenas.
Finalmente, convocó a más integrantes de las comunidades originarias a certificarse como intérpretes, al señalar que su participación fortalece la defensa de los derechos lingüísticos y, además, reciben un apoyo de mil 700 pesos por cada intervención realizada dentro de un proceso judicial.