Hidalgo elimina autorizaciones duplicadas en contrataciones municipales
Una disposición aprobada en Hidalgo busca agilizar las contrataciones de obras públicas y adquisiciones municipales al eliminar la necesidad de solicitar una autorización adicional del cabildo después de concluir el procedimiento legal de licitación.
El contralor estatal, Álvaro Bardales Ramírez, explicó que la medida responde a casos en los que las diferencias entre integrantes de los ayuntamientos y las administraciones municipales detenían la formalización de contratos, incluso después de que se cumplían los requisitos legales y se definía a la empresa ganadora.
De acuerdo con el funcionario, los procesos de contratación ya cuentan con mecanismos de regulación y vigilancia establecidos en las leyes de Obra Pública y de Adquisiciones, además de comités especializados, padrones de proveedores y contratistas y la supervisión de los órganos fiscalizadores.
El presidente municipal de Pachuca, Jorge Reyes Hernández, quien también preside la Asociación de Alcaldes del Estado de Hidalgo, respaldó la disposición y señaló que la duplicidad de autorizaciones prolongaba los trámites y podía generar presiones indebidas.
La medida busca evitar que los recursos públicos queden sin ejercer por retrasos administrativos, particularmente al cierre del año fiscal.
Sin embargo, los ayuntamientos mantienen sus obligaciones de transparentar los contratos, supervisar las obras y rendir cuentas sobre el uso del presupuesto. La disposición tampoco elimina la participación de los regidores en la planeación y vigilancia de los recursos municipales.
En materia de contraloría social, Mónica Lizeth Hernández Martínez, presidenta del Comité de Contraloría Social de Mineral del Monte, destacó la participación ciudadana en la supervisión de las obras públicas y la importancia de garantizar que los trabajos se realicen adecuadamente.
Por su parte, el alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Francisco Martínez Enríquez, señaló la importancia de mantener cuentas claras ante el presupuesto destinado al municipio, que calificó como histórico, tras las afectaciones provocadas por la vaguada monzónica.
La aplicación de esta disposición busca reducir los tiempos de contratación sin eliminar los mecanismos de fiscalización y vigilancia del gasto público.











