Recursos públicos no deben financiar aspiraciones ni ataques electorales: Álvaro Bardales
El presupuesto, los vehículos, el personal y los medios de comunicación del gobierno deben estar al servicio de la población y no utilizarse para promover candidaturas, buscar la continuidad en cargos públicos o atacar a adversarios políticos, estableció la Secretaría de Contraloría de Hidalgo mediante una circular sobre imparcialidad en el servicio público, de cara al Proceso Electoral 2026-2027.
El documento, suscrito por el titular de la dependencia, Álvaro Bardales, establece medidas preventivas para proteger el presupuesto, los recursos materiales y humanos de las instituciones públicas, además de instruir a los Órganos Internos de Control a prevenir, documentar e investigar posibles irregularidades desde el momento en que tengan conocimiento de hechos o indicios.
La circular señala que la vigilancia de los recursos públicos no debe limitarse al periodo de precampañas y campañas electorales, por lo que instruye a los Órganos Internos de Control del Poder Ejecutivo estatal y solicita la colaboración de las contralorías municipales y otros entes públicos, respetando sus atribuciones y autonomía.
Asimismo, establece que cuando un funcionario haga pública su aspiración a la reelección o su registro en un procedimiento partidista, deberá reforzarse la vigilancia de los recursos bajo su responsabilidad. Aclara que aspirar a una candidatura no constituye por sí mismo una irregularidad, pero tampoco autoriza el uso del cargo para obtener ventajas electorales.
Entre las conductas que deberán prevenirse se encuentran la utilización de vehículos, combustible, oficinas, contratos y personal gubernamental para actividades proselitistas; el condicionamiento de obras, apoyos, empleos o servicios a cambio de respaldo político, así como el uso de padrones y datos personales con fines partidistas.
También se vigilará que los recursos públicos no se destinen al pago, producción o difusión de publicidad, videos y campañas de desprestigio, incluso cuando estas acciones se realicen mediante terceros o plataformas digitales.
La circular precisa que las conferencias de prensa, inauguraciones, recorridos, informes y publicaciones en cuentas oficiales deben responder a una finalidad pública. Al mismo tiempo, reconoce que la crítica política y la rendición de cuentas están protegidas, por lo que cada caso deberá analizarse conforme a su contenido, contexto y recursos utilizados, respetando los derechos políticos y evitando cualquier forma de censura previa.
Otro de los puntos establece que los Órganos Internos de Control deberán atender las quejas y valorar información difundida en medios de comunicación y redes sociales cuando existan elementos que apunten a posibles faltas administrativas, sin desestimar indicios por la ausencia de una denuncia formal. Además, deberán preservar las pruebas, documentar el seguimiento y canalizar los asuntos que correspondan a otras autoridades.
El documento también advierte que los servidores públicos responsables de la vigilancia pueden incurrir en responsabilidades administrativas cuando, teniendo conocimiento de posibles irregularidades y facultades para actuar, omitan injustificadamente prevenirlas, investigarlas, denunciarlas o darles seguimiento. Estas responsabilidades deberán acreditarse individualmente mediante el procedimiento legal correspondiente.
Finalmente, la Secretaría de Contraloría brindará orientación y capacitación en materia de Blindaje Electoral en el ámbito de la Contraloría Social, con el propósito de fortalecer las medidas preventivas y garantizar que las obras, programas y servicios públicos continúen conforme a sus reglas y presupuestos, sin condicionamientos políticos.
“El mensaje es claro: el dinero del pueblo debe atender las necesidades de la gente. Ninguna aspiración electoral está por encima de esa obligación”, puntualizó Álvaro Bardales.